El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) revocó la constancia de mayoría otorgada a Jonathan Máximo Lozano Ordóñez, quien había sido electo como magistrado de la Sala Constitucional del Poder Judicial del Estado. La decisión se tomó al acreditarse un conflicto de intereses derivado de su relación matrimonial con María Fernanda Sánchez Rubio, consejera en funciones del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz.
Con dos votos a favor y uno en contra, el tribunal resolvió que Lozano Ordóñez no podía asumir el cargo por vulnerar los principios de legitimidad y democracia en el proceso, además de que su esposa no se excusó de participar en las sesiones organizativas del proceso electoral judicial.
Nueva constancia de mayoría
Tras la resolución, la constancia fue entregada a Adriana Morales García, quien se ubicó como la segunda candidata más votada con 234 mil 891 votos. La magistrada asumirá el cargo en sustitución de Lozano Ordóñez, aunque la decisión aún puede ser impugnada ante la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Debate en el pleno
Durante la sesión, dos aspirantes habían solicitado la nulidad total de la elección judicial celebrada el pasado 1 de junio, alegando irregularidades en el conteo de votos. Sin embargo, los magistrados desecharon esa petición y se concentraron en el caso de conflicto de intereses.
La magistrada Tania Celina Vásquez votó en contra del proyecto, al señalar que la revocación no garantizaba certeza jurídica para quienes participaron en el proceso extraordinario. Aunque dijo estar a favor de los derechos de las mujeres, cuestionó que el acuerdo alterara las reglas tras haberse emitido los resultados.
Contexto político
La revocación ha generado debate sobre la imparcialidad de los órganos electorales en Veracruz, así como sobre la importancia de la paridad flexible en la designación de magistraturas judiciales. La resolución marca un precedente en la entidad respecto a los límites entre la vida privada de los candidatos y su elegibilidad para cargos en los poderes del Estado.
La última palabra corresponderá al TEPJF, instancia que deberá confirmar o revertir lo resuelto en Xalapa.
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