La relación de Marco Polo Aguirre con la Auditoría Superior de Michoacán protagonizó un nuevo episodio de confrontación en septiembre de 2020, cuando el entonces presidente de la Comisión Inspectora arremetió contra otros integrantes del Congreso y los acusó públicamente de violar la ley. La disputa surgió por la entrega de información relacionada con una auditoría al propio Poder Legislativo, un procedimiento sobre el que Aguirre defendía las atribuciones de la comisión que encabezaba.
El enfrentamiento escaló rápidamente. Marco Polo sostuvo que la interlocución con el Auditor Superior debía realizarse a través de la Comisión Inspectora y cuestionó que otros legisladores solicitaran directamente la documentación. En medio de la confrontación no se limitó a señalar diferencias jurídicas o legislativas: los calificó de “hampones” y los acusó de actuar fuera de la ley.
Aguirre también lanzó sospechas sobre lo que podría ocurrir con la información de la auditoría. Advirtió que, si el documento llegaba “rasurado”, presentaría una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción. La declaración elevó todavía más el tono de una disputa en la que el entonces diputado colocó bajo sospecha tanto el procedimiento seguido por sus compañeros como el manejo que pudiera darse a los resultados de la fiscalización.
El episodio mostró hasta dónde podía llegar la confrontación de Marco Polo cuando se discutía el control y conducción de los asuntos relacionados con la Auditoría Superior. En lugar de una diferencia interna entre legisladores, la disputa terminó marcada por acusaciones de ilegalidad, amenazas de acudir ante autoridades anticorrupción y descalificaciones contra integrantes del propio Congreso.
Años después, aquella confrontación adquiere relevancia ante las distintas polémicas en las que Marco Polo volvió a aparecer alrededor de la Auditoría Superior de Michoacán. El episodio de los “hampones” dejó registrado a un legislador dispuesto a confrontar abiertamente a sus compañeros cuando consideraba invadidas las atribuciones de la comisión que presidía, y abrió una disputa política alrededor de quién debía conducir la relación del Congreso con su órgano fiscalizador.
