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Quien alguna vez haya intentado entender un contrato, una carta del banco o una notificación gubernamental conoce la sensación: palabras en el idioma propio que, juntas, no significan nada claro. El movimiento por el lenguaje claro lleva décadas intentando resolverlo, y en junio de 2023 logró un reconocimiento formal: la Organización Internacional de Normalización (ISO) publicó la norma ISO 24495-1, "Lenguaje claro. Parte 1: principios rectores y directrices", su primera norma internacional sobre la materia.
La norma fue elaborada por el grupo de trabajo sobre lenguaje claro del comité técnico ISO/TC 37, que se ocupa de lengua y terminología, con la participación de lingüistas, redactores técnicos, traductores, creadores de contenido y diseñadores de varios países. Se basa en la definición de lenguaje claro de la Federación Internacional de Lenguaje Claro (IPLF), integrada por PLAIN, Clarity y el Center for Plain Language, que está disponible en decenas de idiomas. Existe una traducción al español desde febrero de 2024. El "1" del título indica que es solo la primera parte de lo que pretende ser una norma más amplia.
Su idea central es que un documento es claro cuando el lector obtiene lo que necesita, puede encontrarlo, entenderlo y usarlo. De ahí se derivan principios que se desarrollan en directrices sobre el contenido, la estructura, el estilo y el diseño. Se aplica a prácticamente cualquier lengua escrita, aunque sus ejemplos están solo en inglés, y es útil para documentos dirigidos al público general, así como para la redacción técnica, la legislativa o los lenguajes controlados. Dos advertencias de la propia norma ayudan a no malinterpretarla. Primero, es una norma de orientación y no de requisitos, por lo que no sirve para certificar documentos; para eso haría falta otro tipo de norma administrada por organismos de certificación, algo que la Federación ha empezado a explorar. Segundo, no equivale a simplificar el contenido: se trata de comunicar con eficacia, no de empobrecer el mensaje ni de redactar para un lector supuestamente poco inteligente.
¿Por qué importa? Los defensores argumentan que escribir en lenguaje claro ahorra tiempo o dinero, o ambos, tanto a los lectores como a las organizaciones, algo que la propia norma afirma citando estudios. Los investigadores Jorge Franganillo y M.ª Ángeles García Asensio, de la Universidad de Barcelona, lo plantean como un asunto de derechos: la claridad como "derecho a entender" para que las personas ejerzan sus derechos y cumplan sus obligaciones con plena comprensión. En ese sentido, un trámite incomprensible no es solo una molestia, sino una barrera de acceso.
El interés práctico es creciente. La Federación reporta miles de visitas a la página de la norma y miles de usos de sus enlaces, y trabaja en guías de formación y en una bibliografía de apoyo. En el mundo hispanohablante, la existencia de una traducción abre la puerta a que gobiernos, universidades y empresas la adopten como referencia, aunque su alcance práctico dependerá de que quienes redactan documentos tengan formación y tiempo para aplicarla.
Hay matices. La norma cuesta 135 francos suizos, un obstáculo para muchas organizaciones pequeñas, aunque existen recursos gratuitos asociados. Y en ámbitos como el jurídico o el científico, la precisión técnica compite con la sencillez: lenguaje claro no implica eliminar los términos técnicos, sino explicarlos y usarlos cuando hacen falta. El desafío real no es tanto escribir una norma como cambiar la cultura de instituciones acostumbradas a la opacidad.
Fuentes:
- ISO, ISO 24495-1:2023, "Plain language — Part 1" (iso.org)
- International Plain Language Federation (iplfederation.org), boletín de noviembre de 2023
- Franganillo, J. y García-Asensio, M. Á. (2024), "La claridad como derecho", Anuario ThinkEPI; Universidad de Barcelona (CRICC)
- PLAIN (plainlanguage.com) y reseña en Discourse and Writing/Rédactologie (2025)
