Durante años pensamos que el mayor peligro de los deepfakes sería confundir una mentira con la realidad. Un presidente declarando una guerra que nunca anunció, un candidato pronunciando palabras que jamás dijo o una figura pública apareciendo en un lugar donde nunca estuvo. Sin embargo, las investigaciones más recientes apuntan hacia un riesgo todavía más profundo: quizá la inteligencia artificial no necesite convencernos de que algo falso ocurrió. Puede bastarle con conseguir que dudemos de que cualquier evidencia sea verdadera.
Una revisión sistemática publicada en 2026 encontró que los deepfakes políticos no son necesariamente más persuasivos que otras formas de desinformación. Su capacidad más preocupante aparece en otro terreno: pueden generar confusión y deteriorar la confianza en las noticias y las instituciones. Otra revisión de 74 investigaciones describe incluso una especie de “impuesto de escepticismo”: cuanto más conscientes somos de que cualquier imagen, audio o video puede fabricarse, mayor puede ser nuestra incertidumbre frente al contenido auténtico.
Esta transformación modifica una de las reglas fundamentales de la comunicación política. Durante buena parte del siglo XX, una grabación audiovisual poseía un enorme poder probatorio: “ver para creer”. Ahora comienza a instalarse la lógica contraria: ver ya no necesariamente significa creer. Una investigación experimental publicada este año encontró además que las personas tienen dificultades para identificar imágenes políticas generadas mediante inteligencia artificial cuando estas no están etiquetadas. La evidencia visual está perdiendo así parte de la autoridad cultural que acumuló durante décadas.
La consecuencia política puede resultar paradójica. Cuanto más fácil sea fabricar evidencia falsa, más sencillo será también negar evidencia verdadera. Un político confrontado con una grabación comprometedora puede intentar sembrar dudas sobre su autenticidad, mientras sus simpatizantes encuentran una explicación compatible con aquello que desean creer. El poder del deepfake, por tanto, no reside únicamente en fabricar acontecimientos inexistentes, sino en proporcionar una nueva herramienta discursiva para cuestionar acontecimientos que sí ocurrieron.
Este problema se vuelve particularmente delicado en sociedades polarizadas. La investigación disponible muestra que la circulación de contenidos sintéticos interactúa con la identidad partidista, el razonamiento motivado y las características de las comunidades digitales. Incluso compartir un deepfake puede responder más a la necesidad de expresar pertenencia política que a la convicción de que el contenido sea auténtico. La pregunta deja entonces de ser “¿esto es verdadero?” y comienza a convertirse en “¿esto favorece a los míos?”.
El fenómeno ya está abandonando los laboratorios. Brasil, ante sus elecciones presidenciales de octubre de 2026, enfrenta precisamente el desafío de regular contenidos políticos generados mediante inteligencia artificial. Su Tribunal Superior Electoral ha establecido reglas sobre deepfakes después de controversias por material sintético utilizado en el entorno de campaña. La discusión anticipa un problema que numerosas democracias enfrentarán: cómo preservar una conversación política verificable cuando fabricar imágenes convincentes está al alcance de cada vez más personas.
Existe además una dificultad inesperada: etiquetar lo artificial tampoco resuelve completamente el problema. Los experimentos muestran que advertir que determinado contenido fue generado mediante IA puede mejorar su identificación, pero también reducir la credibilidad atribuida al mensaje o a la fuente. Esto obliga a pensar más allá de la alfabetización digital tradicional. Ya no será suficiente enseñar a detectar una fotografía manipulada; será necesario desarrollar criterios para establecer confianza sin convertir a los ciudadanos en escépticos permanentes.
Quizá por eso la batalla política más importante de la era de la inteligencia artificial no será únicamente por controlar qué creemos, sino por controlar qué consideramos todavía susceptible de ser demostrado. Una democracia necesita desacuerdos, pero también necesita algún territorio compartido de hechos sobre el cual discutirlos. Si cada video puede ser falso y cada evidencia verdadera puede ser denunciada como artificial, el poder adquiere una posibilidad extraordinaria: no imponer una versión única de la realidad, sino destruir nuestra confianza en que una realidad común pueda conocerse. Y una sociedad incapaz de ponerse de acuerdo sobre lo que ocurrió difícilmente podrá ponerse de acuerdo sobre lo que debe hacer.
Fuentes: Computers in Human Behavior Reports (2026), Frontiers in Political Science (2026), Computers in Human Behavior (2026), Reuters y Associated Press, consultadas para investigaciones recientes sobre deepfakes, confianza pública, inteligencia artificial y comunicación política.
